Del criterio discrecional a la certeza jurídica

Las dos entregas anteriores permitieron exponer la dimensión jurídica y humana de un debate que durante muchos años ha acompañado al beisbol profesional mexicano. Quedó claro que la discusión no gira alrededor de uno o varios peloteros en particular ni pretende descalificar a institución alguna. Tampoco cuestiona la facultad de las ligas para organizar sus competencias o establecer límites respecto de los jugadores extranjeros. El verdadero problema consiste en determinar hasta dónde llega la autonomía del deporte y dónde comienza la supremacía del Estado de Derecho cuando entran en juego derechos reconocidos por la Constitución.

La autonomía deportiva constituye uno de los grandes logros del deporte moderno. Gracias a ella, las ligas pueden organizar campeonatos, expedir reglamentos, establecer sistemas disciplinarios, regular contratos, definir formatos de competencia y resolver innumerables cuestiones técnicas sin la intervención cotidiana de las autoridades civiles. Esa independencia resulta indispensable para el funcionamiento de cualquier deporte profesional. Pero la autonomía nunca ha significado soberanía. Ninguna organización deportiva constituye un Estado dentro del Estado. Ningún reglamento interno puede sustituir el orden constitucional ni crear categorías jurídicas distintas de las que reconoce la propia Nación.

Ése es el punto medular. Las reglas deportivas organizan la competencia; la Constitución reconoce derechos. Las primeras pueden decidir cuántos extranjeros participan en una temporada, cómo se integra un roster o cuáles son los requisitos técnicos para registrar a un jugador. Lo que no deberían producir es la impresión de que existe una categoría distinta de nacionalidad para efectos deportivos o que el reconocimiento de un derecho depende del criterio variable de quien circunstancialmente ocupa un cargo directivo. En un Estado de Derecho los derechos no se conceden; se reconocen. Y cuando la percepción pública sugiere que una decisión depende más de la interpretación de una autoridad administrativa que de la aplicación uniforme de normas previamente establecidas, la incertidumbre termina desplazando a la seguridad jurídica.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en el contenido de una resolución. Una decisión puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, generar desconfianza si los criterios que la sustentan no son públicos, si el procedimiento resulta opaco o si casos aparentemente semejantes reciben respuestas diferentes sin una explicación objetiva. La fortaleza de una institución no radica únicamente en la calidad de quienes la dirigen, sino en la capacidad de sus reglas para garantizar igualdad de trato con independencia de las personas que circunstancialmente ejercen la autoridad. Las instituciones fuertes no necesitan discrecionalidad; necesitan credibilidad.

Existe, además, un aspecto que el deporte profesional mexicano no debería seguir postergando. En numerosas disciplinas deportivas se privilegian mecanismos internos de solución de controversias y, en algunos casos, incluso se desalienta que atletas, clubes o entrenadores acudan directamente a los tribunales ordinarios para reclamar derechos que consideran vulnerados. La existencia de órganos arbitrales especializados, e incluso del Tribunal de Arbitraje Deportivo, responde a una lógica comprensible: resolver con conocimiento técnico conflictos propios del deporte. Sin embargo, cuando la controversia deja de ser estrictamente deportiva y alcanza derechos fundamentales reconocidos por el orden constitucional, el equilibrio entre la autonomía deportiva y la tutela judicial efectiva merece una reflexión mucho más profunda. Éste será, sin duda, un tema que el deporte mexicano tendrá que abordar con mayor amplitud en los próximos años.

La evolución del beisbol también obliga a revisar otro argumento tradicional: la idea de que restringir la competencia constituye la mejor forma de proteger al pelotero mexicano. Durante décadas esa premisa fue aceptada casi como un dogma. Sin embargo, la experiencia internacional parece demostrar exactamente lo contrario. Las grandes potencias deportivas crecieron enfrentando a los mejores. Las Grandes Ligas construyeron su prestigio atrayendo al talento más sobresaliente del planeta, no limitándolo. El Clásico Mundial de Beisbol demostró que México alcanza su máximo potencial cuando reúne a los mejores jugadores que legítimamente pueden representar al país, sin prejuicios y sin distinciones artificiales. El extraordinario desempeño de la selección nacional en los últimos años confirmó que la identidad, el talento y el compromiso pesan mucho más que el lugar donde una persona nació.

Tal vez haya llegado el momento de replantear serenamente el modelo. No para eliminar de golpe las reglas vigentes ni para descalificar el trabajo realizado durante décadas, sino para preguntarnos si existen mecanismos mejores, más transparentes y más congruentes con la realidad jurídica y deportiva del siglo XXI.

El beisbol mexicano podría dar un paso histórico si adopta criterios públicos y uniformes para determinar la elegibilidad de los jugadores; si establece procedimientos claros, con derecho de audiencia y resoluciones debidamente motivadas; si crea una instancia permanente de interpretación reglamentaria que ofrezca certeza a clubes y peloteros; y, sobre todo, si armoniza plenamente sus disposiciones con los principios constitucionales que rigen para todos los mexicanos. Esa evolución no debilitaría a las ligas. Las fortalecería.

Porque el verdadero patrimonio del beisbol mexicano no son únicamente sus estadios, sus franquicias o sus campeonatos. Su mayor riqueza radica en la confianza de los jugadores, de los clubes y de millones de aficionados que esperan reglas claras, instituciones sólidas y decisiones previsibles. La discrecionalidad genera sospechas; la transparencia genera legitimidad. La incertidumbre divide; la certeza fortalece. Ningún deporte puede aspirar a consolidarse plenamente mientras subsistan dudas respecto de la manera en que aplica sus propias normas.

Esta serie no pretende ofrecer verdades absolutas ni clausurar el debate. Al contrario. Aspira a abrir una conversación madura entre ligas, federaciones, clubes, peloteros, juristas, autoridades deportivas y aficionados. Las grandes instituciones evolucionan precisamente cuando son capaces de revisar críticamente sus prácticas y adaptarlas a las nuevas realidades sin perder su esencia. El beisbol mexicano posee la historia, el talento y el prestigio suficientes para hacerlo.

Porque, al final, la nacionalidad no debería convertirse jamás en una concesión administrativa ni en una categoría susceptible de interpretaciones cambiantes. Es un derecho reconocido por la Constitución y, como tal, merece ser respetado por todos. El beisbol mexicano tiene la oportunidad de demostrar que el respeto al Estado de Derecho y la autonomía deportiva no son principios enfrentados, sino complementarios. Cuando ambos caminan en la misma dirección, gana el deporte, ganan las instituciones y gana México.

La mejor manera de proteger al pelotero mexicano quizá no consista en aislarlo de la competencia, sino en convertirlo en capaz de vencer a cualquiera. Porque ningún deporte se engrandece reduciendo la competencia; se engrandece elevando el nivel de todos. Y ningún mexicano debería necesitar demostrar dos veces una nacionalidad que la Constitución ya le reconoce desde su nacimiento.

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