Si las historias de Sergio Romo, Adrián González y otros peloteros permiten comprender la dimensión humana de este debate, el análisis no puede quedarse únicamente en los casos particulares. Ninguna institución debe diseñar sus reglas pensando en una persona específica. Las normas existen precisamente para trascender a quienes circunstancialmente las aplican y garantizar que todos reciban exactamente el mismo trato. Por ello, la verdadera discusión no consiste en saber si uno u otro jugador debió ser reconocido como mexicano para efectos deportivos, sino en determinar cuál debe ser el criterio permanente que rija para todos los casos presentes y futuros.
Ahí es donde aparece un principio esencial del Estado de Derecho que, con frecuencia, pasa inadvertido cuando se habla de deporte profesional: la supremacía del orden constitucional. Las ligas deportivas poseen una autonomía indispensable para organizar sus competencias. Pueden establecer calendarios, definir formatos de torneo, fijar sistemas disciplinarios, determinar límites de extranjeros y regular innumerables aspectos propios de la actividad deportiva. Esa autonomía no sólo es legítima; resulta necesaria para el adecuado funcionamiento de cualquier competencia profesional.
Pero la autonomía no significa soberanía.
Las organizaciones deportivas no constituyen un Estado dentro del Estado ni pueden crear un orden jurídico paralelo que produzca consecuencias incompatibles con la Constitución o con las leyes de la República. El deporte tiene sus reglas; el país tiene las suyas. Las primeras organizan la competencia. Las segundas reconocen derechos. Ambas deben convivir armónicamente, pero la jerarquía normativa no debería admitir dudas.
La nacionalidad pertenece precisamente a ese ámbito. No es una concesión administrativa ni una autorización otorgada por una organización deportiva. Es una condición jurídica reconocida por el Estado mexicano conforme a los supuestos establecidos por la Constitución. Por ello, cualquier criterio deportivo relacionado con la integración de plantillas, el registro de jugadores o la elegibilidad para ocupar una plaza nacional debería partir necesariamente de ese reconocimiento y no generar la impresión de que existe una categoría distinta de “mexicanos deportivos”, diferente de la prevista por el propio orden constitucional.
El problema, por tanto, no radica únicamente en el resultado de una decisión. Incluso una resolución jurídicamente correcta pierde legitimidad cuando no se conocen con claridad las reglas que la sustentan. La seguridad jurídica exige procedimientos públicos, criterios objetivos, igualdad de trato y decisiones suficientemente motivadas. En un Estado de Derecho los derechos no dependen de la personalidad, del prestigio o de la influencia de quien los reclama; dependen exclusivamente de la aplicación uniforme de la norma.
Precisamente por ello resulta indispensable evitar cualquier percepción de discrecionalidad. No porque necesariamente todas las decisiones adoptadas hayan sido incorrectas, sino porque las instituciones modernas deben aspirar a que sus resoluciones no sólo sean justas, sino también comprensibles, previsibles y verificables. Cuando casos aparentemente semejantes producen respuestas distintas y los criterios no son plenamente conocidos, inevitablemente surge la duda. Y la duda institucional nunca fortalece a una organización; por el contrario, erosiona la confianza que constituye uno de sus principales activos.
Existe, además, otro aspecto igualmente relevante que apenas merece ser apuntado en esta serie y que, por sí mismo, justificaría un ensayo independiente. En numerosas disciplinas deportivas, tanto nacionales como internacionales, los reglamentos privilegian mecanismos internos de solución de controversias y, en ciertos casos, incluso desalientan o sancionan que atletas, clubes o entrenadores acudan directamente a los tribunales ordinarios para reclamar derechos que consideran vulnerados. El equilibrio entre la autonomía de la justicia deportiva y el derecho fundamental de toda persona a obtener tutela judicial efectiva constituye uno de los debates más complejos del deporte contemporáneo. No es el tema central de estas líneas, pero sí una asignatura pendiente que merece ser analizada con profundidad en otra ocasión.
Volviendo al beisbol, la pregunta que verdaderamente importa no es quién ocupa hoy una plaza nacional o extranjera. La pregunta es si el sistema vigente ofrece a todos los jugadores la misma certeza, la misma transparencia y las mismas oportunidades para conocer, comprender y hacer valer sus derechos. Porque el prestigio de una liga no depende únicamente del nivel de sus peloteros ni del espectáculo que ofrece cada temporada; depende también de la confianza que inspira el funcionamiento de sus instituciones.
La discusión, además, conduce inevitablemente a otro tema que durante muchos años se ha dado por sentado sin que exista un análisis suficientemente profundo: la conveniencia de mantener modelos restrictivos bajo el argumento de proteger el desarrollo del pelotero mexicano. Ésa ha sido, históricamente, una de las principales justificaciones para limitar el número de extranjeros o para establecer determinados criterios de elegibilidad. Sin embargo, vale la pena preguntarse si la realidad del beisbol moderno confirma verdaderamente esa premisa.
El deporte internacional parece ofrecer una enseñanza distinta. Los mejores tenistas crecieron enfrentando a los mejores del mundo; los grandes golfistas construyeron su carrera compitiendo en los circuitos más exigentes; el fútbol europeo elevó su nivel precisamente a partir de la apertura de sus principales ligas al talento internacional. Las Grandes Ligas jamás se fortalecieron restringiendo la competencia; por el contrario, se consolidaron reuniendo a los mejores peloteros disponibles, sin importar el país donde hubieran nacido. Esa competencia permanente elevó el nivel colectivo y obligó a cada generación de jugadores a prepararse mejor que la anterior.
Naturalmente, cada país tiene derecho a proteger el desarrollo de sus talentos y cada liga puede diseñar el modelo competitivo que considere más conveniente. Pero proteger no debe significar aislar. Formar mejores peloteros exige ofrecerles mayores desafíos, no menores. La competencia de alto nivel no debilita al talento nacional; lo obliga a superarse. Quizá haya llegado el momento de preguntarnos si la mejor manera de fortalecer al pelotero mexicano consiste en limitar la competencia o, por el contrario, en prepararlo para competir exitosamente contra cualquiera.
México ha demostrado, particularmente en el Clásico Mundial de Beisbol, que puede integrar selecciones capaces de disputar los primeros lugares del planeta cuando convoca al mejor talento disponible, sin prejuicios y sin distingos que vayan más allá de los criterios que establecen las propias reglas internacionales. Ese extraordinario tercer lugar obtenido en 2023 no fue producto de la casualidad. Fue consecuencia de reunir a peloteros nacidos en México y a otros nacidos fuera del territorio nacional, pero igualmente orgullosos de representar a nuestro país. Nadie preguntó entonces dónde había nacido cada uno; todos celebramos que jugaran por México con entrega, profesionalismo y pasión.
Quizá esa experiencia deje una enseñanza que conviene no desaprovechar. El talento no reconoce fronteras cuando existe identidad, compromiso y sentido de pertenencia. La Constitución tampoco establece mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Reconoce mexicanos por nacimiento bajo supuestos perfectamente definidos. Corresponde al deporte armonizar sus normas con ese marco jurídico y ofrecer procedimientos claros, públicos, objetivos y transparentes que disipen cualquier percepción de discrecionalidad.
No se trata de eliminar la autonomía de las organizaciones deportivas. Al contrario, esa autonomía constituye uno de los pilares del deporte profesional moderno. Lo que debe evitarse es que dicha autonomía sea interpretada como una facultad para generar categorías distintas de aquellas que el propio Estado mexicano reconoce en materia de nacionalidad. Las ligas organizan competencias; la Constitución reconoce derechos. Esa diferencia no disminuye la autoridad de las primeras; simplemente delimita el ámbito dentro del cual ejercen legítimamente sus atribuciones.
Tal vez haya llegado el momento de abrir un diálogo amplio, sereno y respetuoso entre ligas, federaciones, clubes, peloteros, juristas y autoridades deportivas. No para confrontar posiciones, sino para construir consensos. El beisbol mexicano posee historia, tradición, prestigio y un enorme potencial de crecimiento. Precisamente por ello merece reglas que, además de eficientes desde el punto de vista deportivo, resulten plenamente compatibles con los principios de igualdad, seguridad jurídica y supremacía constitucional que distinguen a un auténtico Estado de Derecho.
Porque, al final, ésta no es una discusión sobre Sergio Romo, Adrián González o cualquier otro pelotero. Tampoco es un debate contra una liga o contra quienes circunstancialmente la dirigen. Es una reflexión sobre la necesidad de que las instituciones deportivas evolucionen al mismo ritmo que lo hacen la sociedad y el derecho. Las personas pasan; las instituciones permanecen. Y mientras más claras, transparentes y congruentes sean sus reglas, mayor será la confianza que inspiren entre quienes les dan vida: los jugadores, los clubes y, sobre todo, la afición.
La nacionalidad no debería convertirse nunca en una concesión administrativa ni en una categoría susceptible de interpretaciones cambiantes. Es un derecho reconocido por la Constitución y, como tal, merece ser respetado por todos. El beisbol mexicano tiene hoy la oportunidad de encabezar una discusión madura sobre este tema y de demostrar que la fortaleza de una institución no se mide por su capacidad para conservar viejas prácticas, sino por su disposición para perfeccionarlas cuando la realidad, el derecho y el propio deporte así lo demandan.
La mejor manera de proteger al pelotero mexicano quizá no consista en aislarlo de la competencia, sino en convertirlo en capaz de vencer a cualquiera. Porque ningún deporte se engrandece reduciendo la competencia; se engrandece elevando el nivel de todos. Y ningún mexicano debería necesitar demostrar dos veces una nacionalidad que la Constitución ya le reconoce desde su nacimiento.
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continuará ….
