El beisbol presume estadios llenos, ingresos multimillonarios, nuevas audiencias, figuras globales y un espectáculo revitalizado por cambios que agilizaron los encuentros. Sin embargo, mientras la pelota continúa viajando y las tribunas celebran, en las oficinas ya comenzó otro juego, menos vistoso pero potencialmente mucho más peligroso: la negociación que decidirá si las Grandes Ligas llegan a 2027 con estabilidad o vuelven a cerrar sus puertas por una disputa entre propietarios y peloteros.

El actual Contrato Colectivo de Trabajo —conocido por sus siglas en inglés como CBA— vence el próximo 1 de diciembre. Las conversaciones entre Major League Baseball y la Asociación de Peloteros ya están en marcha, existen propuestas formales y las diferencias no son menores. Aún es prematuro afirmar que habrá una suspensión de actividades, pero tampoco sería responsable minimizar el riesgo. El beisbol ya conoce demasiado bien lo que ocurre cuando el dinero, el poder y la desconfianza terminan imponiéndose sobre el juego.

El CBA no es un simple documento administrativo. Es la arquitectura laboral, financiera y competitiva sobre la que funcionan las Grandes Ligas. Regula salarios mínimos, arbitraje, agencia libre, servicio acumulado, rosters, draft, beneficios, pensiones, condiciones de trabajo, reparto de ingresos, impuesto de lujo, contrataciones internacionales y múltiples aspectos que determinan quién puede jugar, cuánto recibe, cuándo puede negociar libremente y qué facultades conservan los clubes.

Por eso, cuando el acuerdo vence, no está en discusión únicamente cuánto ganarán las superestrellas. También se decide la situación de cientos de jugadores que cobran cerca del mínimo, la oportunidad de los jóvenes para llegar antes a la agencia libre, el futuro de los peloteros de ligas menores, la capacidad de las franquicias pequeñas para competir, la libertad de los propietarios para gastar y hasta la manera en que se distribuirán los ingresos generados por transmisiones, boletos, patrocinios y plataformas digitales.

En el fondo existe una disputa antigua: quién asume los riesgos, quién produce el espectáculo y quién debe quedarse con qué proporción de la riqueza generada.

Los propietarios argumentan que el modelo actual permite diferencias excesivas entre franquicias. Mientras algunos clubes pueden acumular nóminas gigantescas, otros operan con presupuestos muy inferiores y llegan a cada temporada con posibilidades considerablemente menores. Desde esa perspectiva, un sistema de tope y piso salarial permitiría contener a quienes más gastan y obligar a quienes menos invierten a fortalecer sus planteles.

La propuesta inicial de MLB contempla para 2027 un piso salarial de 171.2 millones de dólares y un tope de 245.3 millones, calculados mediante el sistema utilizado para el impuesto de equilibrio competitivo. Según los números presentados por la propia liga, doce equipos tendrían que elevar sus nóminas por una suma conjunta de 617 millones de dólares, mientras ocho —Dodgers, Mets, Yankees, Blue Jays, Phillies, Red Sox, Padres y Braves— deberían reducirlas en conjunto en alrededor de 578 millones.

A primera vista, el planteamiento parece razonable: impedir que algunos propietarios gasten demasiado poco y evitar que las organizaciones económicamente más poderosas conviertan su capacidad financiera en una ventaja casi imposible de contrarrestar. También se propone que los jugadores reciban 50% de los ingresos definidos como beisboleros, con auditorías independientes y un sistema semejante al utilizado en otras ligas profesionales estadounidenses. MLB sostiene que ello permitiría compartir de manera más equilibrada el crecimiento económico del deporte.

Pero la Asociación de Peloteros contempla el asunto desde una óptica diferente. Para el sindicato, un tope salarial no es sólo una herramienta de equilibrio competitivo: es también un límite impuesto al mercado laboral. Si existe una cantidad máxima que cada club puede destinar a salarios, los jugadores con mayor valor ya no podrán negociar completamente conforme a lo que una organización esté dispuesta a pagarles.

Ésa es una frontera histórica para la MLBPA.

El sindicato luchó durante décadas para terminar con mecanismos que mantenían a los peloteros atados indefinidamente a sus clubes. La agencia libre no surgió como una concesión generosa, sino como resultado de una batalla jurídica, sindical y económica. Por eso, cualquier propuesta que huela a restricción generalizada de salarios despierta una resistencia profunda. Los jugadores no ven únicamente una fórmula financiera: perciben el riesgo de devolver a los propietarios una capacidad excesiva para contener el valor de su trabajo.

La posición sindical no puede reducirse a defender contratos astronómicos. La mayoría de los peloteros no cobra cientos de millones de dólares ni permanece quince años en Grandes Ligas. Una gran parte pasa por el sistema con carreras breves, sometida durante sus primeros años al control contractual del club y con escaso margen de negociación.

De acuerdo con datos difundidos durante la actual negociación, 57% de los jugadores en los rosters del Día Inaugural de 2026 se encontraba en el salario mínimo o cerca de él. El salario mediano, en los hechos, se aproxima al mínimo de la liga. Además, los jugadores que aún no llegan al arbitraje produjeron más de 40% del valor deportivo medido mediante fWAR entre 2019 y 2025, pero recibieron menos de 10% del total pagado en salarios durante el último año considerado.

Ahí existe una contradicción evidente: numerosos jóvenes aportan una parte enorme del rendimiento mientras reciben una fracción reducida del dinero.

MLB ha intentado atender esa realidad proponiendo que el salario mínimo aumente de 780 mil dólares en 2026 hasta un millón en 2027 para jugadores con al menos dos años de servicio. Quienes tengan cero o un año podrían alcanzar también un millón mediante un salario de 900 mil y un bono automático de cien mil si completan el año de servicio. La propuesta incluye además un incremento de 30% al fondo de bonos para jugadores que todavía no llegan al arbitraje.

La liga también aceptó discutir una reducción del periodo de control antes de la agencia libre para determinados jugadores. El planteamiento permitiría que quienes tengan cinco años de servicio y treinta años o más puedan alcanzar la libertad contractual un año antes, en lugar de permanecer sujetos al club durante seis temporadas completas. Según la estimación presentada, cientos de jugadores podrían beneficiarse eventualmente con esa modificación.

Pero esas concesiones llegan atadas a un sistema de tope y piso que el sindicato observa con enorme recelo. Ahí se encuentra uno de los nudos principales: los propietarios ofrecen mejores condiciones para muchos jugadores jóvenes y de ingresos medios, pero a cambio pretenden modificar de manera estructural el mercado que permite a las grandes figuras negociar sin un límite salarial formal.

La disputa no consiste solamente en cuánto dinero recibirán los jugadores, sino en cómo se distribuirá entre ellos.

Un sistema puede aumentar la remuneración de quienes se encuentran en la base y, al mismo tiempo, reducir drásticamente la capacidad de las superestrellas para firmar contratos largos y extraordinarios. De hecho, las propuestas analizadas incluyen límites al número de años y al porcentaje del tope que podría representar un contrato, con mecanismos especiales para que los clubes conserven a sus llamados jugadores fundamentales.

Los propietarios presentan ese esquema como una manera de mantener a las figuras vinculadas con las franquicias que las desarrollaron, evitando que los mercados más poderosos capturen sistemáticamente a los mejores agentes libres. El sindicato puede verlo como una forma sofisticada de restringir la competencia por sus servicios.

Ambas narrativas tienen elementos defendibles.

Es cierto que las diferencias de nómina pueden afectar la credibilidad competitiva. El aficionado de una franquicia modesta merece comenzar la temporada con una esperanza real, no con la certeza de que su propietario gastará lo mínimo indispensable mientras cobra su parte de los ingresos compartidos. Un piso salarial puede obligar a invertir a quienes hoy prefieren lucrar con un plantel barato.

Pero también es verdad que un tope no garantiza por sí solo equilibrio. Una organización puede gastar poco y administrar bien; otra puede acercarse al máximo permitido y equivocarse en contrataciones, desarrollo y estrategia. La competitividad no se fabrica únicamente igualando chequeras. También depende del scouting, las academias, la gerencia deportiva, la salud, la analítica y la capacidad para convertir recursos en talento.

Tampoco debe aceptarse que los clubes de menores ingresos sean necesariamente pobres. Las franquicias son empresas privadas cuyo valor ha crecido de manera extraordinaria. Sus propietarios reciben beneficios por derechos nacionales, ingresos compartidos y apreciación patrimonial, aun cuando no siempre revelen públicamente la totalidad de sus números.

Si los dueños reclaman transparencia para calcular un reparto 50-50, los jugadores tienen derecho a exigir contabilidad verificable y definiciones precisas sobre qué se considerará ingreso beisbolero. No puede negociarse una participación porcentual sobre cifras que sólo una parte conoce plenamente.

La centralización de los derechos locales de transmisión aparece también en la mesa. MLB propone reunir esos ingresos y distribuirlos de manera igualitaria entre los treinta clubes, con la intención de reducir diferencias regionales y atender el problema de los bloqueos locales que impiden a muchos aficionados ver a su propio equipo. La medida podría democratizar recursos y mejorar el acceso, pero exige aclarar cómo se contabilizarán las plataformas, las asociaciones comerciales y las nuevas fuentes digitales.

El dinero del futuro ya no llegará únicamente de la televisión tradicional. El streaming, las apuestas, los patrocinios integrados, los datos, las transmisiones internacionales y los productos digitales tendrán cada vez mayor importancia. El nuevo CBA no sólo repartirá la riqueza actual: establecerá quién controlará y cómo se distribuirá la que todavía no termina de materializarse.

Además del gran debate económico, las partes discuten condiciones que afectan la vida cotidiana de los peloteros. El sindicato ha propuesto ampliar temporalmente los rosters activos de 26 a 28 jugadores durante los primeros quince días de la temporada, limitar de cinco a tres las opciones mediante las cuales un jugador puede ser enviado a ligas menores durante el año, proteger tiempo de servicio y salario en determinados movimientos, adelantar la posibilidad de colocar lesionados en la lista de sesenta días y garantizar a los jugadores acceso a información y video recopilados por sus propios clubes.

Son asuntos aparentemente menores frente a un tope de cientos de millones, pero afectan directamente carreras. El movimiento constante entre Grandes Ligas y sucursales puede servir a una organización para mantener brazos frescos, aunque también convierte a determinados pitchers y suplentes en piezas itinerantes sin estabilidad, salario continuo ni certeza sobre su permanencia.

El acceso a los datos representa otra batalla moderna. Los clubes recopilan información biométrica, mecánica y de rendimiento para evaluar, entrenar y decidir sobre sus jugadores. Resulta lógico que el pelotero pueda conocer los mismos registros utilizados para modificar su técnica, determinar su valor o justificar una eventual salida. Si los datos provienen de su cuerpo y desempeño, no deberían convertirse en patrimonio exclusivo de la gerencia.

También existe una confrontación severa alrededor de los sistemas de ingreso de talento. MLB ha presentado propuestas para modificar el draft doméstico y avanzar hacia un draft internacional. La Asociación ha respondido acusando a la liga de pretender reducir en más de mil millones de dólares la compensación destinada a jugadores amateurs nacionales e internacionales durante varios años, retrasar incorporaciones y excluir inicialmente a ciertos jóvenes menores de veinte años. Ésa es la posición del sindicato y forma parte de una negociación todavía abierta, no un hecho consumado.

El tema es especialmente importante para América Latina.

Miles de jóvenes en República Dominicana, Venezuela, México y otros países construyen su expectativa profesional alrededor de academias, firmas internacionales y bonos. El sistema actual tiene defectos graves: intermediarios abusivos, acuerdos prematuros, explotación de menores, falta de educación y desigualdades. Pero sustituirlo requiere mucho más que trasladar el modelo estadounidense.

Un draft internacional podría ofrecer mayor orden, transparencia y supervisión, pero también limitar la libertad de los jugadores para elegir organización, reducir la competencia por sus servicios y perjudicar ecosistemas enteros de formación. Cualquier reforma debe construirse escuchando a quienes viven esa realidad, no sólo desde escritorios en Nueva York.

El sindicato tampoco puede defender acríticamente todas las prácticas actuales. Si existen abusos, corrupción, promesas a menores y estructuras opacas, debe participar en su corrección. Proteger el mercado no puede significar proteger también aquello que daña a los propios jóvenes.

Éste es precisamente el problema de las negociaciones laborales complejas: cada parte presenta sus propuestas como salvación y las del contrario como amenaza. Los dueños dicen buscar equilibrio competitivo; los jugadores advierten un intento por limitar salarios. MLB habla de ordenar el desarrollo amateur; el sindicato denuncia una reducción histórica de oportunidades. Unos prometen estabilidad; los otros exigen libertad.

La verdad no siempre está completamente de un solo lado.

Pero existe una certeza: una nueva suspensión sería una afrenta a los aficionados.

El beisbol ya sufrió cinco huelgas de jugadores y cuatro cierres patronales desde 1966. El más reciente comenzó en diciembre de 2021 y se prolongó durante 99 días, congelando contrataciones e intercambios hasta que se alcanzó un acuerdo en marzo de 2022. Aunque finalmente se preservó la temporada regular completa de 162 juegos, la pretemporada se retrasó y la relación volvió a quedar lastimada.

Conviene precisar la diferencia. Una huelga es decidida por los trabajadores; un lockout o cierre patronal es impuesto por los propietarios para impedir la actividad laboral. No todo desacuerdo conduce necesariamente a la cancelación de juegos y el vencimiento del CBA no significa por sí mismo que la temporada 2027 esté perdida. Las partes podrían alcanzar un acuerdo, extender temporalmente el vigente o continuar negociando bajo determinadas condiciones.

Pero el antecedente hace razonable prever que los propietarios podrían declarar otro cierre si llega el 1 de diciembre sin nuevo contrato. Eso congelaría la agencia libre, los intercambios y buena parte de la actividad invernal. El riesgo de perder juegos aparecería si la disputa se prolongara hasta la pretemporada y el calendario regular.

Todavía hay tiempo. Las negociaciones comenzaron con meses de anticipación y el comisionado Rob Manfred se ha declarado optimista sobre la posibilidad de encontrar acuerdos. Pero el optimismo institucional no basta cuando las diferencias afectan miles de millones de dólares y cuestiones históricas de poder.

La experiencia demuestra que ambas partes suelen acercarse al verdadero límite. Mientras no exista presión inmediata, cada una conserva posiciones máximas, prepara el terreno mediático, moviliza a sus bases y presenta a la otra como responsable potencial del conflicto. El problema es que jugar con el reloj puede producir otro diciembre congelado y otra primavera amenazada.

Los propietarios deben comprender que el aficionado no tolerará fácilmente que multimillonarios cierren una industria próspera para obtener mejores condiciones. Los jugadores, por su parte, deben explicar por qué sus demandas importan más allá de las fortunas de un grupo de estrellas. Su causa será más comprensible si se concentra también en quienes permanecen poco tiempo en la liga, en los jóvenes, las ligas menores, las pensiones, la salud y la estabilidad laboral.

Ambos bandos dicen defender al aficionado, pero éste rara vez ocupa un asiento real en la mesa.

Los precios de boletos, estacionamiento, alimentos y plataformas siguen creciendo. Los horarios se adaptan a intereses televisivos. Los equipos cambian de ciudad, amenazan con mudarse o reclaman dinero público para nuevos estadios. Sin embargo, cuando llega la negociación, la lealtad del público se utiliza como argumento sin reconocerle derechos ni compensación.

Si existe un cierre, perderán salarios los jugadores y dinero los propietarios, pero también sufrirán miles de trabajadores que no cobran millones: empleados de estadios, vendedores, personal de mantenimiento, restaurantes, hoteles, transportistas y pequeños negocios que dependen de la actividad. El conflicto no se reduce a treinta dueños y cientos de peloteros.

Por eso, hablar de un posible paro como si fuera únicamente otro episodio de negociación resulta irresponsable. El beisbol es una industria, pero también una institución cultural construida durante generaciones. Nadie posee por completo aquello que millones de personas sienten como propio.

El nuevo contrato debe perseguir tres equilibrios simultáneos: una competencia más abierta entre franquicias, una distribución justa del dinero entre propietarios y jugadores, y protección suficiente para que el aficionado no vuelva a convertirse en rehén.

Un piso salarial parece razonable si obliga a los clubes de menor gasto a invertir verdaderamente. Pero debe acompañarse de mecanismos que impidan utilizar el reparto de ingresos como subsidio a propietarios pasivos. Un tope merece discutirse si existe transparencia financiera absoluta, crecimiento garantizado para los jugadores y protección del mercado; de lo contrario, puede convertirse simplemente en una herramienta para contener salarios.

La agencia libre puede revisarse para permitir que más peloteros lleguen a ella antes de que termine su mejor etapa. Los jugadores jóvenes deben recibir una proporción mayor del valor que producen. Los sistemas de draft necesitan transparencia y protección, pero no a costa de cerrar oportunidades o reducir artificialmente compensaciones. Los datos deben servir para desarrollar al atleta y no para vigilarlo unilateralmente.

Hay espacio para negociar.

El problema no es la falta de soluciones técnicas, sino la abundancia de intereses.

MLB vive un momento extraordinario. La reducción en la duración de los partidos, el reloj de pitcheo, el incremento del movimiento en bases, la expansión internacional y la aparición de estrellas globales han fortalecido el producto. Romper ese impulso por incapacidad para acordar cómo repartir una riqueza creciente sería una irresponsabilidad histórica.

El dinero no debería amenazar al beisbol precisamente cuando el béisbol produce más dinero.

La liga necesita equilibrio competitivo, pero no uniformidad artificial. Los jugadores merecen libertad y remuneración justa, pero también deben reconocer la necesidad de sostener una industria capaz de generar oportunidades. Los propietarios tienen derecho a rentabilidad, aunque no a garantizarla limitando el mercado mientras socializan riesgos y reservan ganancias.

Ninguna parte puede reclamar toda la razón.

Lo que sí puede exigírseles es responsabilidad.

Un acuerdo colectivo no debe construirse para derrotar al adversario, sino para hacer viable una convivencia que inevitablemente continuará. Propietarios y jugadores no pueden reemplazarse mutuamente: sin inversión no existe estructura profesional, pero sin peloteros no existe juego, espectáculo ni negocio.

La negociación será dura porque el conflicto es real. No conviene ocultarlo bajo mensajes publicitarios ni alimentar alarmismo prematuro. La temporada 2027 todavía no está condenada, pero tampoco se encuentra garantizada. El 1 de diciembre se aproxima y las propuestas revelan que no se discuten ajustes menores, sino una posible transformación de la economía de Grandes Ligas.

El beisbol debe aprender de su historia. En 1994 perdió una Serie Mundial y dañó durante años la confianza del público. En 2021 volvió a cerrar sus operaciones, aunque alcanzó un acuerdo antes de sacrificar el calendario regular. Repetir el enfrentamiento como si cada generación necesitara comprobar nuevamente quién puede resistir más sería una muestra de soberbia.

Esta vez deberían recordar quién siempre termina pagando.

No es solamente el propietario que deja de ingresar ni el pelotero que deja de cobrar. Es el niño que espera su primer juego, la familia que ahorró para viajar, el trabajador del estadio, el aficionado que sostuvo al equipo durante temporadas malas y la comunidad que convirtió a la franquicia en parte de su identidad.

El CBA decide salarios, mercados, rosters y millones de dólares, pero también determina si la pelota continuará rodando sin que la ambición vuelva a detenerla. Los dueños pueden discutir cuánto invertir, los jugadores cuánto recibir y ambos cuánto poder conservar; lo que ninguno debería olvidar es que la riqueza que se disputan existe porque millones siguen creyendo en el juego.

Si propietarios y peloteros transforman una etapa de prosperidad en otro cierre, no demostrarán fuerza: demostrarán incapacidad. El beisbol puede sobrevivir a casi cualquier crisis, pero no debería seguir tentando la paciencia de quienes siempre regresan. Porque cuando el dinero se convierte en dueño absoluto del diamante, no hay ganador: pierde la liga, pierden los jugadores, pierden las ciudades y, sobre todo, pierde el aficionado, que nunca fue invitado a negociar pero siempre termina pagando la cuenta. Sin que podamos dejar de recordar que nada existe en el béisbol organizado como espectáculo sin la afición.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com