La reciente edición de la Vuelta a España dejó una imagen que trasciende lo deportivo. Más allá de los triunfos en carretera, la Unión Ciclista Internacional (UCI) alzó la voz contra lo que considera un grave incumplimiento de la neutralidad que exige el olimpismo. Sus críticas no van dirigidas a los ciclistas ni a los organizadores —a quienes reconoció por resistir y mantener la carrera en pie pese a las presiones—, sino al propio gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez.

Durante las etapas en terreno español se multiplicaron las manifestaciones de corte político, en especial propalestinas, que en varios momentos pusieron en riesgo la seguridad de los corredores y alteraron el ambiente de la competencia. La UCI fue clara: “no hay condiciones en el territorio español para realizar eventos internacionales con apego a la Carta Olímpica” si persiste esta permisividad.

El señalamiento es directo. El organismo internacional reprocha al ejecutivo español no haber protegido a los atletas y, aún más grave, haber alentado a manifestantes a concentrarse en la llegada a Madrid, donde debía prevalecer la fiesta deportiva. Aunque Sánchez se disculpó públicamente con los ciclistas al término de la última etapa, la disculpa sonó más a un gesto político que a una defensa firme del deporte.

El fondo del problema va más allá de una carrera. La Carta Olímpica, en su Regla 50, establece con claridad: “No se permitirá ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en los lugares, sedes u otras áreas olímpicas”. La filosofía olímpica es inequívoca: el deporte debe servir para promover paz, respeto, solidaridad e inclusión, nunca como altavoz político.

Sin embargo, el gobierno español —al menos en este episodio— no actuó en defensa de esos principios. No promovió el olimpismo ni buscó garantizar un entorno seguro y neutral. Por el contrario, permitió que la Vuelta, un patrimonio deportivo mundial, quedara marcada por el ruido externo.

El debate es serio: ¿qué mensaje se envía a los atletas y al mundo si un país con la tradición ciclista de España no asegura la integridad de un evento de este nivel? La UCI, en su reclamo, advierte que la politización del deporte abre la puerta a la intolerancia y a la confrontación, y aleja al deporte de su función esencial: unir a los pueblos.

La Vuelta a España sobrevivió, gracias a la profesionalidad de sus organizadores y la valentía de sus ciclistas. Pero la credibilidad de España como anfitrión de grandes pruebas deportivas queda en entredicho. Pedro Sánchez tiene ahora el reto de demostrar que su gobierno entiende que el deporte no es un campo de batalla ideológico, sino un espacio de encuentro que merece ser protegido con la máxima seriedad.

Porque si algo enseña la historia del olimpismo, es que cuando la política invade al deporte, quien termina perdiendo es el atleta… Y con él, la esencia misma del deporte.