El Tour de Romandía Femenino 2025 quedó marcado por la polémica incluso antes de que las ciclistas tomaran la salida. La Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió excluir a cinco de los equipos más importantes del pelotón —Canyon-SRAM Zondacrypto, EF Education-Oatly, Lidl-Trek, Picnic PostNL y Visma-Lease a Bike— por negarse a cumplir con la obligatoriedad de usar los nuevos rastreadores GPS diseñados por el organismo.

La UCI defendió su postura señalando que se trataba de una medida de seguridad e innovación tecnológica, probada previamente y necesaria para avanzar en la protección de las corredoras. El argumento fue claro: quien no acepte el reglamento, no corre.

Sin embargo, la versión de los equipos abre otra cara del problema. Según ellos, no hubo una negativa a utilizar GPS, sino a aceptar que la UCI impusiera quién debía portar el dispositivo. Argumentaron que esto supondría una desventaja competitiva para la ciclista designada. Además, subrayaron que ya cuentan con un sistema propio de geolocalización —probado en el Tour de Suiza y utilizado por todo el pelotón— en el que han invertido tiempo y recursos. Para ellos, lo ocurrido refleja más un choque de intereses y de poder que un verdadero debate sobre seguridad.

La UCI respondió con sanciones drásticas: exclusión inmediata de la carrera. Los equipos, por su parte, podrían emprender acciones legales contra el organismo rector, convencidos de que se trató de una decisión unilateral, poco consultada y con tintes económicos detrás, pues el control tecnológico también representa control financiero.

¿Seguridad o poder?

El fondo de la disputa parece ir más allá de un simple dispositivo de localización.

• Por un lado, la UCI busca centralizar y estandarizar herramientas que permitan un mejor monitoreo en carrera, con el argumento legítimo de la seguridad.

• Por el otro, los equipos defienden su autonomía tecnológica y acusan a la UCI de querer apropiarse de un terreno en el que ellos ya han invertido y avanzado.

En medio de esta pugna quedan las ciclistas, que entrenan y se preparan para competir, pero terminan siendo las más afectadas cuando decisiones administrativas las dejan fuera de la línea de salida.

El debate abierto

Lo que pasó en Romandía deja preguntas que el ciclismo deberá responder pronto:

• ¿Debe la seguridad estar sujeta a reglamentos rígidos aun sin consenso?

• ¿Tienen los equipos derecho a implementar sus propios sistemas si estos cumplen el mismo fin?

• ¿Hasta dónde la UCI regula en beneficio del ciclismo y hasta dónde busca monopolizar tecnología e ingresos?

El caso apenas comienza y promete un litigio largo. Lo cierto es que, mientras los despachos discuten, la gran perdedora fue la carrera y, sobre todo, las corredoras. El ciclismo femenino, que ha peleado tanto por tener visibilidad y condiciones justas, no puede permitirse que la política y los intereses tecnológicos opaquen lo esencial: la competencia sobre la pista.

Al final, como en cada sprint, el veredicto quedará en manos del público: ¿estamos ante un paso necesario hacia la seguridad o frente a un exceso de control por parte de la UCI?